Clientes de alto perfil tenía el abogado Pablo Chateau Undurraga, quien generó momentos de estrés en el Poder Judicial el pasado fin de semana, cuando comenzó un ingreso masivo de escritos que, en solo tres días, superaban los 38 mil. El jurista dejó de prestar servicios a varias empresas, por lo que contrató a un "agente externo" para renunciar al patrocinio de numerosas causas.

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En un oficio dirigido a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, la juez titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Rocío Perez, acusó un posible "abuso procesal" sobre todos los tribunales civiles del país. "Solo el (lunes), a las 11:30 horas lleva ingresado 38.477 escritos (...) Esto es, entre 500 y 900 escritos por tribunal, que van en aumento", escribió.

Según detalló la jueza, no solo incrementó considerablemente la carga de trabajo, "influye en el clima de cada tribunal", también evidencia la falta de preparación del Poder Judicial para enfrentar contingencias tecnológicas imprevistas, especialmente frente la Inteligencia Artificial. "No contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia", indicó.

La mayoría de los escritos eran de "desarchivo" y "renuncia patrocinio y poder". Desde el call center de la Oficina Judicial Virtual (OJV), contactaron a Chateau para indagar en los motivos detrás del ingreso masivo. Y este señaló verbalmente que dejó de prestar servicios a antiguos clientes, "por lo que renunció al patrocinio y poder en las
causas que llevaba. Para tal efecto usó un “agente externo” (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa"
.

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Algunos de estos exclientes eran Caja Los Andes, CAT Cencosud, Los Parques Cementerio y Santander, sin que Gamboa especificara en otros. Finalmente, restringieron la IP del abogado para frenar la crisis, limitación que solicitó a Chevesich se mantenga. Además solicitó sanciones para Chateau.

Asimismo, llamó a que "se se disponga la prohibición del uso de IA para el ingreso de escritos, en tanto no existan una política institucional clara tendiente al control y buen uso de los instrumentos tecnológicos".

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