Pese a permanecer en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación, el consejero regional del Biobío, Alan Bastías, continuará formalmente en su cargo. Esto se debe a que la ley no contempla la destitución automática de un consejero regional sometido a una medida cautelar, ya que fue elegido democráticamente y su cesación en el cargo solo puede ocurrir en los casos que establece la legislación vigente.

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El caso se remonta a un hecho que habría ocurrido en octubre del año pasado durante una celebración realizada en la comuna de Chiguayante, instancia en la que una mujer adulta denunció haber sido víctima de una agresión sexual.

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyas diligencias permitieron reunir los antecedentes que finalmente derivaron en la formalización del consejero regional y en la decisión del tribunal de enviarlo a prisión preventiva.

¿Por qué Alan Bastías no puede ser destituido como CORE?

Alan Bastías fue electo consejero regional en las elecciones de octubre de 2024, representando al Partido Demócrata. Su condición de autoridad electa marca una diferencia respecto de un funcionario del Gobierno Regional, ya que no mantiene una relación laboral que permita poner término a sus funciones mediante un despido.

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Mientras el proceso judicial continúa en desarrollo y no exista una causal legal que determine la pérdida del cargo, el consejero regional mantiene formalmente su puesto. Por ello, su permanencia no depende de una decisión administrativa del Gobierno Regional ni del Consejo Regional, sino exclusivamente de lo que establezca la normativa vigente.

En cuanto a su situación económica, Bastías percibe una dieta asociada a su participación en las sesiones del Consejo Regional, por lo que, al permanecer en prisión preventiva y no poder asistir a esas instancias, no debería recibir ese pago.

Consejo Regional del Biobío condenó los hechos

Tras conocerse la resolución judicial, las consejeras y consejeros regionales del Biobío emitieron una declaración pública en la que expresaron su postura frente al caso. “Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a toda forma de violencia, especialmente aquella que afecta la integridad y dignidad de las personas, reafirmando nuestro compromiso irrestricto con el respeto de los derechos de toda persona y la protección de las víctimas”, declaró el consejo.

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Además, aseguraron que el funcionamiento del organismo continuará conforme a la legislación vigente y dentro de sus atribuciones. “El Consejo Regional continuará desarrollando sus funciones de acuerdo a las facultades entregadas por ley, dentro del ámbito de sus competencias, con el cumplimiento de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico vigente. Como cuerpo colegiado, reiteramos nuestro compromiso con el servicio público, la probidad, el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas” sostiene el consejo en su declaración.

Para este caso, el tribunal fijó un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación.

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