Tras varias semanas de intensas discusiones y negociaciones en el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el "corazón" de la megarreforma e hizo avanzar el proyecto insignia del Gobierno de José Antonio Kast. Con esto, queda prácticamente listo para ser ley, aunque aún falta por ver lo que pasará con ciertos detalles.
Gracias al respaldo que el Ejecutivo goza en el Parlamento, la Ley de Reconstrucción Nacional queda a un paso de ser publicada oficialmente. Sin embargo, son cuatro las principales temáticas por las cuales la oposición y el Partido de la Gente (PDG), por separado, anunciaron que impugnarán abiertamente.
En el caso del PDG, solo 1 norma se llevará a Comisión Mixta del Congreso, relativa al mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones de adultos mayores. Este aspecto de la megarreforma llegó a la Cámara Baja sin modificaciones, pues el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no consiguió un acuerdo con los alcaldes a nivel nacional.
Por este motivo, la cuestionada medida irá a una instancia de discusión donde diputados y senadores deberán dar indicaciones para intentar alcanzar un nuevo acuerdo. Aunque también ha trascendido que Quiroz tendría planeado reactivar un proyecto, impulsado por el expresidente Gabriel Boric, que podría eventualmente reemplazar esta norma.
Oposición acude al Tribunal Constitucional
Tras firmarse el avance de la Ley de Reconstrucción Nacional, las bancadas opositoras (DC, PPD, PS, FA, PC, Independientes y otros) confirmaron que llevarán múltiples artículos del proyecto al Tribunal Constitucional (TC). Esto tendría como objetivo que el organismo declare como 'inconstitucional' las reformas propuestas.
En concreto, piden que los artículos 29 y 38 sean vetados dentro del marco de lo permitido por la Constitución de Chile. El primero de ellos establece, desde la entrada en vigencia de la ley, "el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas, tanto extranjeros como locales".
Esto apunta a la invariabilidad de los impuestos cobrados a las inversiones hechas en el país, definiendo plazos estrictos. En específico, si está entre $50 millones y $100 millones de dólares, son 10 años; si es superior a $100 millones e inferior a $350 millones de dólares, son 15 años; y si supera los $350 millones de dólares, son 20 años.
En tanto, el artículo 38 determina que "dentro de los primeros sesenta días de cada semestre calendario, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo remitirán al Congreso Nacional un informe consolidado que detalle: (i) número, monto y ubicación regional de los contratos de invariabilidad tributaria suscritos en virtud de la presente ley; (ii) recaudación efectiva asociada a dichos contratos; (iii) avance del Fondo de Compensación Territorial Minera, si fuese creado; y (iv) cobertura del FOGAPE por región y tamaño de empresa. El informe será publicado en formato de datos abiertos".
Normas ambientales también llegarán al TC
Similarmente, se impugnaron normas que, según argumentan desde la oposición, establecen un "seguro a todo evento" para quienes deben recibir resoluciones de calificación ambiental. En esta línea, se cuestiona el "tratamiento privilegiado" que otorga la reforma, pues restringe la capacidad de decretar medidas de protección ambiental a los tribunales de justicia.
Aquello se enmarca en las tramitaciones judiciales, limitándose a que terceros puedan reclamar ante proyectos con impacto ambiental. Esto incluso podría llegar a afectar los derechos de pueblos indígenas, de acuerdo a lo alegado por quienes presentaron la misiva.
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