Un profundo malestar y preocupación se ha extendido entre las organizaciones de la salud pública tras la implementación de ajustes presupuestarios por parte del Ejecutivo.
Aunque desde el nivel central se ha argumentado que la reducción representa solo un 0,5% del presupuesto total del sector, la cifra real asciende a unos $18.000 millones que dejarán de percibirse en la red asistencial, encendiendo las alarmas en las comunidades locales.
Descontento gremial
Para los representantes de los trabajadores, la medida no es un simple ajuste de cifras, sino una resta directa a la capacidad operativa de los centros de atención. El descontento radica en que la decisión fue tomada de manera unilateral, sin sopesar la realidad que enfrentan diariamente los equipos de salud en los territorios más vulnerables del país.
En este escenario, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de los Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), conversó con SABES, y apuntó a que el recorte desprotege la salud municipal.
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